III CONVENCIÓN
de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible
III CONVENCIÓN
de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible
Un espacio para dialogar, aprender y construir juntos un lenguaje más claro y accesible.
Jueves 1 y viernes 2
de octubre de 2026
La Plata, provincia de Buenos Aires,
República Argentina
Súmese a la III Convención
Sea parte de la comunidad iberoamericana que impulsa el lenguaje claro y accesible.
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III Convención
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Fecha límite de envío:
31 de agosto de 2026
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Entidades organizadoras
Sobre la Red
La Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible, impulsada por la Real Academia Española (RAE), se constituyó oficialmente el 9 de junio de 2022 en Santiago de Chile mediante un acuerdo suscrito por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República de Chile, el director de la Real Academia Española y la Secretaría pro tempore de la Red de Lenguaje Claro Chile.
La nueva red tiene dos propósitos esenciales: fomentar el lenguaje claro y accesible como fundamento de los valores democráticos y de ciudadanía, así como promover el compromiso de las autoridades para asegurarlo en todos los ámbitos de la vida pública.
La Convención es un punto de encuentro para compartir experiencias, investigaciones y buenas prácticas que contribuyan a sociedades más inclusivas y comprensibles para todas las personas.
Sobre la Suprema Corte de Justicia
La Suprema Corte de Justicia (SCBA) es el máximo tribunal de la provincia de Buenos Aires. Con jurisdicción originaria y de apelación en todo el territorio provincial, ejerce el gobierno de un Poder Judicial distribuido en 20 departamentos judiciales y en otras tantas desconcentraciones territoriales menores, a los que se suma un centenar de juzgados de paz en los distritos que no son cabecera departamental.
El poder que encabeza la SCBA constituye la organización más importante de Argentina junto con el sistema de la Justicia Federal, que tiene presencia territorial en todo el país. Con 2.400 magistrados, de los cuales 1.300 son jueces y el resto fiscales y defensores públicos, el número total de servidores públicos (magistrados, funcionarios y agentes) supera los 27.000. Ese universo le da vida a una red en la que se resuelven por año más de un millón de causas, con intervención de 60.000 abogados matriculados.